Reforma laboral: sin cambios más profundos, no crecerá el empleo formal

14.02.2026 00:17 | Cuando se habla del proyecto de reforma laboral que salió del Senado y se está discutiendo en Diputados, se escucha decir que se les quitan derechos a los trabajadores. Parecen olvidar que desde hace décadas casi no se generan puestos de trabajo en relación de dependencia en el sector privado y que, además, es cada vez menor la proporción de trabajadores que puede acceder a este tipo de empleos. Hoy ese porcentaje es solo algo más de un tercio del total de los que trabajan. Es decir, terminamos en el absurdo de que sea un privilegio para cada vez menos gente.

Es cierto que, para que se genere empleo, tiene que haber inversiones y crecimiento. Sin embargo, aun cuando coyunturalmente esto ocurrió en Argentina, la creación de este tipo de puestos fue relativamente mucho menor que en los países con buenas legislaciones laborales.

De hecho, la reciente recuperación económica generó mucho empleo y una caída de la desocupación; pero mayormente fueron puestos informales o trabajo independiente formal. Entonces, es claro que la actual legislación laboral desincentiva contratar personal asalariado en blanco, excluyendo a cada vez más trabajadores de la posibilidad de aspirar a ese tipo de empleo.

En los países que prosperan se protegen los derechos de los empleados, pero con normas que no entorpecen, sino que incentivan la generación de puestos de trabajo asalariado. Acá se priorizan las cajas y el poder sindical, además de sobreproteger a algunos que tienen la suerte de contar con un empleo en relación de dependencia, a costa del resto que no puede conseguir un trabajo formal digno.

El proyecto de ley que está en el Senado viene a corregir muchas de las cuestiones que explican esta realidad argentina y tiende a buscar que la normativa se parezca a la de los países donde se generan muchos puestos de trabajo productivos.

Sin embargo, se podrían agregar algunos otros puntos para profundizar la reforma.

Representación sindical y libertad de elección

Por ejemplo, no tiene sentido que un sindicato que tiene afiliados equivalentes a menos del 50% de los empleados de una empresa, durante más de seis meses, se arrogue unilateralmente la representación de todos los trabajadores.

Lo lógico sería que, mediante una votación secreta, determinen si quieren ser representados por dicho gremio, por un sindicato de empresa o directamente por una comisión gremial interna.Otro absurdo es permitir que las federaciones puedan imponer su potestad de representar a los trabajadores en zonas donde no hay un sindicato de primer grado con personería gremial.

Esta posibilidad debería derogarse y, como en el caso anterior, ser los propios trabajadores quienes determinen si quieren esa opción o alguna de las otras ya planteadas. Es claro que, en ambos casos, la actual legislación no tutela los derechos de los trabajadores, sino que busca darles más poder y recursos a los gremios.Tampoco es respetar el derecho de los empleados que se obligue a los empleadores a retener las cuotas sindicales que estos deben pagar. En el proyecto que entró en el Senado se quitaba esa obligación y se buscaba que el empleado diera su consentimiento para que se le retuviera la cuota.

Lamentablemente, algunos senadores consideran que es un “derecho del trabajador” que el empleador le retenga la cuota sindical para alimentar la caja del sindicato. Un absurdo.Cada trabajador debería tener la posibilidad de decidir cómo va a hacer ese pago, como sucede cuando uno abona la cuota de un club. Sin embargo, es un disparate que se siga obligando a pagar una cuota a quienes decidieron no afiliarse al sindicato.

Lo más probable es que no se sientan representados por el mismo; entonces, ¿qué sentido tiene que tengan que contribuir a la caja de esos gremialistas? La respuesta es sencilla: la corporación política quiere mantener contenta a otra corporación poderosa.

Indemnizaciones y ultraactividad

Argentina ha sido durante décadas un país económicamente inestable. Sin embargo, si en un período de crisis una empresa decidía reducir su planta pagando todas las indemnizaciones correspondientes y, un año o dos después, las condiciones cambiaban, era casi imposible retomarlos. ¿Por qué? Porque tenían que reconocerles la antigüedad previa, por la cual ya se había pagado la indemnización correspondiente. Un absurdo.Para el empleador, tomar a alguien con experiencia es la mejor opción, pero se hacía demasiado costoso contratar a un exempleado. Así terminaban perdiendo ambas partes y, claramente, no se protege el derecho del trabajador que hubiera querido volver a su empleo. Por lo menos, debería reducirse a no más de un año el plazo en que podría volver a contratarlo sin reconocer la antigüedad ya indemnizada.

Es esencial derogar el concepto de ultraactividad. Con la legislación actual, un convenio que está vencido sigue teniendo efecto hasta que se negocie uno nuevo, lo que genera que no haya incentivos para negociar a menos que sea mejor para la parte sindical.

La modificación propuesta busca que sean solo las cláusulas obligacionales las que venzan, quedando indefinidas las normativas. Es un avance, pero el contrato, en su totalidad, debería expirar a los seis meses o, como máximo, al año de su caducidad.

Esto incentivaría a las partes a llegar a un acuerdo antes de que ese plazo termine, agilizando las negociaciones y priorizando el consenso antes que las medidas de fuerza.Cabe tener en cuenta que hay convenios que vencieron hace décadas y siguen vigentes, lo cual no tiene sentido en una época de rápidos cambios tecnológicos y productivos.

Solo generan ineficiencias que, a la larga, no solo implican menos empleos, sino también que quienes tienen un puesto cobren salarios menores a los que tendrían si fueran más productivos.

Hay muchos cambios que restan por hacer para que los argentinos tengamos una legislación que efectivamente respete los derechos de los trabajadores e incentive la generación de empleo asalariado en el sector privado. Estos son solo algunos ejemplos.

Economista y director de la Fundación “Libertad y Progreso”. En colaboración con Franco Marconi, analista de Políticas Públicas de la fundación.