¿Una Constitución woke? La reforma santafesina sale con brújula social y desafía el modelo de Milei

08.09.2025 20:29 | La reforma constitucional terminó de configurar una decisión estratégica: Santa Fe no se sube a las batallas culturales de Javier Milei. Con la aprobación del capítulo de Derechos y Garantías, la Convención Constituyente consolidó el perfil de una Carta Magna que coloca al Estado como garante de justicia social y actor activo en la reducción de desigualdades estructurales. No es una etiqueta: detrás hay artículos, votos y una narrativa institucional que eligió la cooperación por sobre el “sálvese quien pueda” de época.

La declaración de educación primaria y secundaria obligatoria, con sostén estatal y respaldo mayoritario (50 a 15 fue el resultado de la votación), es el emblema más visible de ese rumbo y, a la vez, el punto de cierre de una arquitectura que venía siendo levantada capítulo por capítulo. La reforma estuvo lejos de ser un retoque que incluyera la reelección del gobernador y unos pocos asuntos más: se modificaron más de 40 artículos de la Constitución de 1962 y se incorporaron más de 15 temas nuevos.

Estado presente

El nuevo plexo de derechos, parte del último capítulo en ser aprobado, es el corazón de ese espíritu igualitario que ya tenía la Constitución santafesina y la reforma ratifica. Reconoce derechos digitales (acceso y protección de datos), ciencia e innovación como bien común, ambiente con obligación de recomposición del daño, agua como bien colectivo y tutela reforzada para consumidores y usuarios, con foco en sectores hipervulnerables. Y, crucial frente al clima de época, explicita que la Provincia reconoce desigualdades estructurales y asume acciones positivas para mitigarlas, desde la niñez a las diversidades, desde las personas con discapacidad a pueblos originarios.

Ese catálogo fija un horizonte de política pública que está en las antípodas del ideario de un presidente de la Nación que sostiene que la justicia social es una “aberración” y guerrea contra la cultura woke. En paralelo, el texto deja una definición ideológica nítida en la relación entre creencias y política: separa al Estado de las religiones bajo un principio de neutralidad. Al final de una pulseada intensa, la Iglesia Católica queda mencionada en un artículo que ordena la relación con todos los cultos por los principios de autonomía, igualdad, cooperación y no discriminación. No hay religión oficial, sí un reconocimiento de la historia y una gramática de laicidad moderna que rehúye la guerra cultural.

Continuidades que importan

Conviene subrayarlo: este espíritu no nace hoy, es una continuidad. La Constitución de 1962 ya había inscripto un andamiaje de derechos sociales y un Estado con obligaciones concretas: salud como derecho fundamental (artículo 19), protección del trabajo (artículo 20), seguridad social integral (artículo 21), función social de la propiedad y límites a la iniciativa privada en nombre de la utilidad social (artículo 15) y un mandato de remover obstáculos económicos y sociales que impiden la igualdad real (artículo 8). Un basamento progresista sobre el que ahora se construye una actualización del siglo XXI. La novedad, en este punto, está en la incorporación derechos contemporáneos: datos personales, cambio climático, derecho a la ciudad, perspectiva de género, participación y acceso a la información. Y también en la relectura laica: donde en 1962 se afirmaba que la “religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana”, hoy se norma la separación Estado-religiones, con un párrafo que recoge a la Iglesia Católica, pero la ubica entre cultos bajo reglas de neutralidad. Así, la provincia que ya pensaba lo social como deber del Estado reescribe sus cláusulas acorde a nuevos problemas y sensibilidades.

El contraste que ordenó el debate

Los 50 votos a favor de los artículos sobre educación marcaron la división de aguas. Salvo la cláusula Malvinas, que salió por unanimidad, fue el tema que mayor consenso reunió y alineó a los sectores que entendieron, con sus diferencias y matices, que la Constitución debía poner en valor el rol del Estado: Unidos y los bloques peronistas, Más para Santa Fe y Activemos. La Libertad Avanza jugó en otra cancha. Su propuesta, filosóficamente en las antípodas, pedía privatizar todo lo posible. La Convención eligió blindar lo público, equilibrar poderes y ampliar derechos. Y lo hizo con votaciones amplias y concesiones cruzadas que dejaron a los libertarios y a otros opositores duros en soledad discursiva.

Símbolo y política

La obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, con sostenimiento estatal y definición de un sistema gratuito, laico y de calidad, amarra la idea de que la igualdad no se consagra solo en el papel: se organiza. El dato político de la amplitud del apoyo convierte ese artículo en una especie de firma colectiva al pie de un compromiso redistributivo. En un país que tiene un presidente que dice ser un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, Santa Fe elige otra vía, aun con las profundas diferencias que hay entre el actual gobierno provincial y las oposiciones peronistas.

Un pacto con brújula social Si se toma distancia, la reforma ordena tres planos. Primero, declara qué protege: un grupo de derechos de vieja y nueva generación, con el ambiente, el agua, los datos y la información en el centro de la escena entre estos últimos.

Segundo, define cómo se gobierna: con reelección del gobernador pero sin decretos de emergencia y con mayor control legislativo; con una Justicia más descentralizada, pero con el contrapeso que implica que la política tenga una influencia determinante en la designación y la sanción de jueces y fiscales.

Tercero, dónde se gobierna: municipios autónomos, áreas metropolitanas con institucionalidad, ordenamiento territorial y financiamiento responsable.La arquitectura del poder: cómo se construyó la reforma constitucional que habilita la reelección de PullaroNo es una Constitución minimalista.

No confía en que el mercado resuelva por goteo los problemas estructurales –desigualdad, violencias, brechas de acceso– que, es cierto, vienen de arrastre. Prefiere un Estado que asuma obligaciones, arbitre, distribuya, planifique y rinda cuentas. En eso, la reforma continúa una tradición (plasmada en la Constitución de 1962) y la actualiza. No la rompe.

Foto contracultural

En el registro de época, la foto santafesina es contracultural. Mientras a nivel nacional se discute el adelgazamiento del Estado y se demoniza lo público, en la Provincia se construyó una mayoría que le asigna finalidades concretas, responsabilidades definidas y límites. Hubo tensiones, pulseadas y ganadores obvios.

Pero también una decisión compartida: si la Constitución es el pacto de convivencia, que diga con todas las letras que en Santa Fe la igualdad no es una aspiración abstracta sino un programa. Y que, para cumplirlo, el Estado no se retira; se compromete.