El desafío mapuche es a la política

28.11.2017 08:25 |  Si se pensaba que la rigurosa autopsia de Maldonado traería calma a la cuestión mapuche, nada de eso pasó. Al contrario: pasó que volvió a la tapa de los diarios por un activista muerto el mismo día en que Maldonado era enterrado.

La autopsia dice que a Rafael Nahuel, de Bariloche y 22 años, lo mató una bala que ingresó por el glúteo izquierdo y subió hasta la axila derecha. O sea, fue baleado de espaldas.

También dice que la bala es de 9 milímetros, el calibre que usa el grupo Albatros de la Prefectura que desalojó o intentó desalojar a Nahuel y a otros militantes de una zona montañosa próxima a Villa Mascardi que habían ocupado y aún ocupan.

No hay fotos ni videos del operativo. Lo que hay son versiones cruzadas: el Gobierno dice que los activistas tenían armas de fuego y que las usaron. Los activistas lo niegan. Y hay dificultades para saber quién tiene razón: hasta anoche los mapuches impedían entrar al lugar a las fuerzas de seguridad para hacer pericias y buscar pruebas.

Hubo un segundo cruce y fue entre el Gobierno y el juez Villanueva porque negoció con los activistas que la policía no entre a cambio de que ellos se entregaran. Esto no se cumplió.

Cuesta entender que no haya videos ni fotos. Y cuesta entender que Villanueva repita el error garrafal del juez Otranto cuando prohibió a la Gendarmería ingresar al territorio que los mapuches dicen sagrado y donde finalmente apareció el cuerpo de Maldonado.

Y a esta altura no cuesta entender qué hacen los activistas: hacen lo que les permiten hacer o nadie les impide hacer. Son grupos minoritarios y radicalizados que actúan fuera de la ley y sin reconocer al Estado.

Después del caso Maldonado, la Gendarmería fue corrida de escena. Y por la misma razón de evitar el malestar mapuche, corrieron a la Prefectura que la había reemplazado. Ahora se hizo cargo la Policía Federal al mando de su jefe, el comisario Roncaglia. Y si algo faltaba, Villanueva incorporó a la PSA, la policía de seguridad aeroportuaria.

Los gendarmes más preparados para combatir a grupos violentos hace rato que están en el Gran Buenos Aires combatiendo la inseguridad. El lugar de los prefectos no es precisamente la montaña. Tampoco lo es para policías federales y menos para policías que controlan los aeropuertos. Ya no queda nadie: si siguen los problemas ¿a quién van a llamar?

El activismo radical mapuche es un problema para Macri, para los gobernadores patagónicos y para la sociedad. Weretilneck, de Río Negro, recordó que allí intentaron prender fuego un pozo petrolero y un pozo de gas. “Este es un tema que se viene agravando desde hace años y hay actitudes de violencia insostenibles”, dijo Pichetto, también de Río Negro y jefe de los senadores peronistas.

Extraña fue en cambio una declaración de la vicepresidente Michetti: “El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad”. ¿Por qué? ¿Y por qué si encima hay un muerto? Para dar explicaciones como ésta, mejor no dar ninguna explicación.

Los mapuches tienen derechos garantizados por la Constitución y algunos de ellos pueden estar incumplidos. Nada les da derecho a usar la fuerza. Hay un desafío claro a la política: encontrar el mejor modo de combatirlos dentro de las normas de la democracia. Hasta que eso no pase los jueces seguirán negociando como pueden y las fuerzas de seguridad seguirán haciendo lo que pueden.