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Secretos de la Casa Rosada: Jugando con fuego

Alberto Fernández pierde autoridad con la gente tras tomar la decisión de restringir las clases presenciales en el AMBA. 
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Por Liliana Franco para dataclave.com.ar | 

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Secretos de la Casa Rosada: Jugando con fuego
18.04.2021 10:01 |  “Me preocupa la falta de empatía que estamos teniendo frente al sufrimiento de la gente”, señalaba a Data Clave, un año atrás, un importante político del peronismo. Recién comenzaba la cuarentena por el coronavirus y se tenía la esperanza, en aquel entonces, que los efectos de la enfermedad duraran sólo algunas semanas.

Hoy, trascurrido más de un año desde la explosión de la pandemia, la población tiene claro su efecto devastador –anímico y económico–, pero la clase dirigente, al menos buena parte de ella, no parece capaz de registrar lo que sucede con los ciudadanos.

“El combate del coronavirus es una guerra y en un contexto bélico, lo peor que podemos hacer es pelearnos entre nosotros” sostiene un importante dirigente de la salud en referencia a la disputa entre el presidente, Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por un lado, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las respuestas que exige la emergencia.

Y agregaba: “El presidente no puede retar a la gente porque supuestamente se relajó el sistema médico o cruzar a los dueños de los restaurantes argumentando que son actos de rebelión, es no entender el grado de necesidad, de urgencia que tienen vastos sectores de la población”.

Uno de los más afectados es el sector de hotelería y gastronomía. Empresarios y obreros dieron a conocer un comunicado conjunto en el que señalan que ya cerraron más de 10 mil locales y se perdieron más de 150 mil puestos de trabajo. Y advierten que están en riesgo otros 200 mil.

La adopción de medidas de restricción encuentra pleno fundamento en el avance de la pandemia. El viernes se registró un récord de casos de coronavirus, con casi 30.000 positivos. La media móvil de 7 días sigue creciendo a nivel exponencial desde el 25 de marzo, superando ahora holgadamente los 20.000 casos diarios, cuando en el peor momento de la primera ola, la media móvil no superaba los 15.000 infectados.

De acuerdo con los datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la ocupación de camas en el Área Metropolitana de Buenos Aires es de 94%. El 57% de estas correspondieron a pacientes con Covid-19, el 78% de los cuales requieren ventilación mecánica.

Pero la adopción de nuevas medidas restrictivas ahora enfrenta al menos dos serias dificultades. Una es que la gente está más preocupada por la situación económica que por el peligro de contagio, en una proporción de dos de cada tres ciudadanos, según distintas encuestas.

Así, surge de una encuesta de Synopsis consultó a la gente si estaría dispuesta a asumir el riesgo de contagio antes que perder la fuente de ingresos. Las diferencias fueron contundentes: 53% se mostró predispuesto a correr este riesgo, contra 21% que no lo aceptaría.

La segunda es que la palabra oficial se encuentra depreciada. Los funcionarios no mostraron, nuevamente, empatía con la gente común recortando sus ingresos, al menos como un gesto. Peor aún, episodios como el vacunatorio VIP para los jerarcas y amigos del Gobierno, el desborde del velorio de Diego Maradona organizado por las autoridades o los encuentros –sin barbijo– de importantes mandatarios restan autoridad a las disposiciones oficiales.

Las autoridades tampoco pueden apelar a los resultados de la gestión para fundamentar las directivas. Se incumplió con la promesa de más de 10 millones de vacunados para esta altura, una circunstancia que puede ser justificada por la puja internacional por las vacunas y los problemas de producción.

Pero hay otros problemas que son más difícil de explicar como porqué no se pensó antes en un esquema de escalonamiento en los horarios de trabajo para descomprimir el sistema de transporte -esta semana recién parece que las autoridades de Transporte se enteraron que una dificultad para el uso de colectivos y trenes es que tienen las ventanas selladas y por lo tanto hay problemas de ventilación-.

Otro ejemplo, de falta de gestión. Si el problema es de la aglomeración en el transporte ¿porque no se contrataron micros para trasladar a los chicos al colegio?, que no deben ser muchos ya que se estima que la mayoría de los niños viven cerca de su establecimiento.

Divorcio

“El mayor divorcio entre la mayoría de la gente y el presidente se dio a partir de la decisión de suspender las clases presenciales”, señaló a Data Clave un analista político. Resulta llamativo el giro discursivo de las autoridades. Todo el año pasado se señaló que era primordial suspender las clases para evitar los contagios. Pero a comienzos del año la argumentación oficial cambió y se volvió a poner énfasis en la necesidad de la educación, posición que mantuvieron tanto el ministro de Educación, Nicolás Trotta, como la titular de Salud, Carla Vizzotti, hasta sólo unas horas antes de que el presidente resolviera suspender las clases presenciales.

La decisión del primer mandatario provocó un alto rechazo en distintos sectores de la sociedad. Las razones van desde el daño -tanto en la formación como en el ánimo- que esta medida supone en niños y adolescentes, hasta la complicación que supone para las familias (si no van a la escuela, alguien tiene que quedarse a cuidar los chicos).

Desde una visión de fondo, un país con 60% de la niñez sumida en la pobreza no puede darse el lujo de retacear la educación, es decir el camino que esos niños tienen para salir de la pobreza.

Mucho se especuló sobre qué llevó al presidente Fernández a adoptar la suspensión de las clases presenciales. En la Casa Rosada, afirman que la decisión “la tomó solo”.

Si bien es cierto que el gobernador Axel Kicillof venía insistiendo en aplicar medidas más restrictivas, no fue ni él ni la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quienes determinaron la decisión del primer mandatario, afirman en la Rosada.

Diferencias

Algunos sectores de la sociedad sienten que el Gobierno no comprende la realidad que vive diariamente. Y, paradójicamente, el sector gobernante siente lo mismo.

Piensan que no la sociedad no valora el “enorme” esfuerzo que se hizo el año pasado para evitar una tragedia. “Nadie dejó de contar con asistencia médica”, argumentan. Se quejan de la falta de tolerancia o comprensión de ciertos sectores que no tienen “paciencia” o no comprenden que “estar dos semanas sin clases” es para “evitar males mayores”.

Y las quejas se convierten en furibundas críticas hacia la oposición a la que consideran “irresponsable, caprichosa, hipócrita y malas personas”, porque están haciendo política en medio de una pandemia.

A favor del Gobierno, es cierto que administrar en medio de una pandemia mundial no debe ser fácil, porque las medidas que se toman “son antipáticas” con el agravante que no tienen garantizado el éxito. La vacunación parece ser el único camino de salida y aquí el Gobierno cayó en promesas que no pudo cumplir.

Lo concreto es que, frente a las nuevas restricciones, la decisión oficial fue anunciar un bono de 15.000 pesos para todos los perceptores de la Asignación Universal por Hijo y monotributistas de las dos categorías más bajas, alcanzando alrededor de dos millones de personas en total.

El costo directo de esta medida rondaría los 40.000 millones de pesos, equivalente a 0,1% del PBI, según la consultora Ecolatina. En orden de magnitud, el año pasado, IFE y ATP mediante, el gasto extra llegó a 2,5% del PBI, de donde la medida no tiene mayor incidencia en las cuentas públicas.

“El problema no es la asistencia social, que en muchos casos debe darse, sino el mensaje que le llega a la sociedad”, comentaba un viejo dirigente peronista. “Es un cachetazo a la clase media”.

“Los que viven de planes siguen contando con apoyo del Gobierno, mientras que muchos otros que viven de su trabajo ven ahora nuevamente limitadas sus posibilidades por las nuevas restricciones”, evalúan desde la oposición.

Para poner en contexto el ánimo de la gente, la última encuesta de la consultora Management & Fit (fines de marzo pasado) arroja que 68% de los consultados considera que la situación económica es peor que un año atrás (sólo 17% considera que ha mejorado), dato que no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que en 2020 el producto bruto interno se derrumbó casi 10%.

Y la expectativa para los próximos meses no es mucho mejor: 58% considera que será peor (contra 19% de los que apuestan a una mejoría).

“Están jugando con fuego, no se dan cuenta que la sociedad está muy cansada y hay riesgo de desobediencia” sostiene un analista político.

Es más, el lunes será un día crucial al menos por el tema de las clases. Existe temor en los dirigentes políticos que la movida de los padres de ir a los colegios sea importante dando una señal de desafío a la autoridad que no deja de ser preocupante.

Precios por las nubes

Como se dijo anteriormente, hoy la mayor preocupación de la gente no es la pandemia sino la situación económica y particularmente la inflación. Y en este campo los resultados son también negativos.

El índice de precios al consumidor registró el mes pasado una suba récord de 4,8%, con una fuerte incidencia de los alimentos, es decir que se sigue acentuando la pobreza. Y este incremento se dio a pesar que el Gobierno ha “pisado” las tarifas y mantiene una política de precios máximos -los alimentos con valores máximos subieron desde 22% marzo de 2020, contra 58% de los que no tienen tope, según Macroview-.

Esta semana, la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina) pidió nuevamente que se derogue el programa de precios máximos y que se permitan aumentos escalonados. Y no casualmente vinculó el problema de la falta de rentabilidad -hay empresas que registran hasta el 30% de sus productos con resultados negativos- con la baja en la inversión. El año pasado las empresas norteamericanas asociadas invirtieron aproximadamente 150 millones de dólares, “muy poco, si tomamos la encuesta realizada por Amcham entre las empresas americanas socias en 2017, cuando el número de inversión alcanzó los u$s 2.234 millones”.

En el ministerio de Economía confían en que marzo sea el techo de la inflación del año y que en los próximos meses los índices cedan en un contexto de ajustes salariales y tarifarios “moderados” y a partir de una desaceleración del ritmo de aumento del dólar oficial -pese al riesgo de acumular tensiones-.

Las mediciones privadas perfilan una desaceleración en los precios, pero no permiten ser muy optimista. Estiman que la inflación de abril estaría en torno de 4%.

Mientras tanto, el ministro Martín Guzmán sigue alentando a su tropa organizando asados en el Palacio de Hacienda, pagados por “caja chica” como así también sus cenas, según comentan en los pasillos del ministerio, otro ejemplo de falta de empatía.
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