| Efectos del desmantelamiento del derecho a la salud

Vivir con VIH es político

Cómo atenta el ajuste contra la calidad de vida de las personas con VIH. Retroceso en políticas de salud sexual.
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Por Pegues para pagina12.com.ar | 

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Vivir con VIH es político
29.07.2019 07:32 |  A más de treinta años de la crisis del SIDA, y con mucha agua queer corrida bajo el puente, en el hueso del tejido vírico de nuestro cuerpo social, aún se inscribe la experiencia traumática de la peste rosa, y en consecuencia, se desdice la muerte. Derribar prejuicios continúa siendo una experiencia fundante para la vida con el virus del VIH.

Es cierto, también, que durante estos años, los avances científicos, jurídicos y tecnológicos no han cesado de ensanchar y garantizar la calidad de vida de las personas viviendo con VIH, a tal punto de reinscribir los cuerpos serológicos dentro del espectro estético de una vida normal.

Ambas narrativas invaden el reducto médico-paciente a la hora de entregar un resultado positivo. En efecto, "ya nadie muere de VIH" y "vas a llevar una vida normal" son enunciados que totalizan tanto el vocabulario biomédico como los discursos que buscan amortiguar el impacto que aún hoy representa recibir un diagnóstico positivo.

Los paisajes contemporáneos para las vidas con VIH se alzan sobre un entramado de saberes efecto de los diferentes discursos y estrategias que se han elaborado en respuesta a la pandemia. Pero, ¿qué significa hoy no-morir por VIH? y ¿cuál es el precio que hay que pagar para arrastrar una vida normal?

De acuerdo a nuestro marco legal, en Argentina la vida y los derechos de las personas seropositivas (personas que viven con VIH) está garantizada por el Estado Nacional según Ley Nº 23.798, conocida como Ley Nacional de SIDA e ITS, reglamentada desde 1991. Sin profundizar ni problematizar el carácter anacrónico de las respuestas que habilita esta jurisdicción para garantizar las posibilidades de una mejor calidad de vida de las personas que viven con VIH, actualmente dicha normativa se infringe y se vacía de manera sistemática por el mismo Estado nacional.

El desmantelamiento de derechos que desde el 2015 desgarra nuestro tejido social se precipita de manera virulenta para las vidas víricas desde la degradación del Ministerio de Salud de la Nación al rango de Secretaría, y el pasaje también a Secretaría de lo que fuera la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

De hecho, esto se traduce en recortes presupuestarios y suspensión de garantías civiles que profundizan una serie de decisiones políticas cuyo costo significa, entre otras cosas, faltantes de insumos básicos para testeos y seguimientos médicos, irregularidades en la entrega y acceso a los tratamientos y, de acuerdo a las previsiones de las organizaciones sociales y activistas que trabajan en la respuesta a la pandemia, el desabastecimiento de tratamientos antirretrovirales que dejaría librada a su suerte la vida de al menos 15.000 personas. Rosario no está exenta de desidias, y durante los últimos meses cada vez son más los organismos y activistas que denuncian el recrudecimiento local de esta situación.

Las respuestas dadas desde diferentes efectores y funcionarios públicos oscilan entre la deslegitimación y el descrédito de la situación, hasta la falta de argumentos consistentes que den cuenta de una voluntad política para afrontar las urgencias que se multiplican día a día en la ciudad. Esta perplejidad se agrava si consideramos que la gestión actual del gobierno nacional implica no sólo faltantes de medicación, sino un claro retroceso en las políticas en términos de salud sexual y reproductiva, lo que significa el deterioro de las estrategias preventivas como por ejemplo el desabastecimiento de preservativos de distribución gratuita.

En la Argentina, según el último boletín epidemiológico de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC, dependiente de la Secretaría de Salud de la Nación, hay 122.000 personas viviendo con VIH. De este total, el 30% desconoce cuál es su situación. Se estima que, en la provincia de Santa Fe, unas ocho mil personas conocen su diagnóstico y viven con VIH, de quienes sólo unas 5.500 reciben su tratamiento. También se calcula que de mil a dos mil personas viven con el virus sin saberlo.

Las personas seropositivas, fundamentalmente las que permanecen en condiciones de precariedad y vulnerabilización social, habitan el margen no narrable dentro de las estratagemas que pliegan los actos de poder soberano sobre nuestras narrativas de gobierno pos-capitalistas. El SIDA se refleja en los rostros impunes de quienes observan cómo se escurren los cuerpos a través de la cifra biopolítica del hacer vivir y dejar morir.

En este contexto de recrudecimiento de las políticas de ajuste y quita de derechos, de permanente desguace de las protecciones público-estatales más elementales, potenciados por la proliferación de discursos de odio que la avanzada neoliberal legitima sobre el tejido social, las luchas para garantizar el acceso a la salud como un derecho humano fundamental es más que nunca de vida o muerte. Ante esta situación, el activismo en respuesta a la pandemia se reorganiza e incardina en estrategias de resistencia y amparo colectivo insistiendo en que vivir con VIH es una situación política.
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