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La reforma penal juvenil y los discursos electorales

En la apertura de inicio de sesiones ordinarias de este año electoral, Mauricio Macri puso nuevamente en la agenda del Congreso la reforma de la ley penal juvenil.
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Por Serpaj y otras organizaciones para Página 12 | 

03.04.2019 09:09 |  En una nota de opinión publicada en PáginaI12 el 18 de marzo pasado, “Construir consenso”, Deborah Dobniewski, asesora del ministro Garavano, ensaya un análisis de lo que considera un “enfrentamiento fanático y sintomático” entre el Gobierno y las organizaciones sociales, sobre cuál es la correcta edad mínima de responsabilidad penal”.

Este debate, dice Dobniewski, obstaculiza hacer foco en el resto. Con el resto se refiere a los cien artículos del proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil que desde hace ya dos años intenta introducir el Gobierno de Cambiemos, bajo la impronta de bajar la edad de la punibilidad.

En la apertura de inicio de sesiones ordinarias de este año electoral, Mauricio Macri puso nuevamente en la agenda del Congreso la reforma de la ley penal juvenil y dijo que la reforma tendería a que el Estado “contenga a los chicos para que no caigan en la delincuencia”. El Estado no tiene que “contener” niños y niñas para que no caigan en la delincuencia, sino que tiene que garantizar derechos para que se desarrollen plenamente. Esta brecha entre los objetivos políticos del Ejecutivo y los de las organizaciones sociales y académicas, e incluso internacionales como es el caso de Unicef Argentina, que se oponen al proyecto no es un simple recurso literario, es todo lo que se discute cuando se discute sobre la ley.

La decisión del Gobierno de abordar este tema en épocas electorales pone de manifiesto intereses punitivos que nada tienen que ver con los objetivos enunciados para la reforma: no mejora la seguridad ciudadana, no salda la pendiente incorporación de los estándares de derechos necesarios para establecer un régimen penal juvenil democrático. Esto constituye un motivo principal para que organizaciones sociales, profesionales, de derechos humanos y académicas no legitimen su tratamiento.

El “enfrentamiento fanático”, que describe Dobnievski nada tiene de fanatismo, todo lo contrario, es de una racionalidad implacable: el sistema jurídico impide “bajar la edad de punibilidad” por la aplicación de principios y consensos internacionales en materia de derechos de la infancia. Esto lo debe garantizar el Estado. ¿Cómo lo garantiza? Adecuándose a los principios de progresividad y no regresividad políticas, legislaciones y prácticas. Bajar la edad, es violar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El actual proyecto que presentó el Ejecutivo tiene una operación de maquillaje, consecuencia de las numerosas y fundadas críticas que de todos los sectores –incluido el Poder Judicial y operadores del propio Poder Ejecutivo– recibieron las propuestas originarias de Garavano y Bullrich.

Esta operación, con algunos enunciados formalmente adecuados, no es suficiente para ocultar los numerosos problemas en los que reincide y agrava, más allá de la cuestión de la edad.

Las organizaciones sociales, de derechos humanos y estatales, jueces y ministerios públicos difundieron numerosos documentos con análisis técnicos que fueron pasados por alto por la cartera de Justicia. Indicaron, entre otros aspectos que fundamentan la oposición al proyecto, que el mismo no preveía topes en las condenas, que las penas eran altísimas y equiparadas a las de adultos; que seguía habilitando la intervención punitiva respecto de los niños y niñas por debajo de los 15 años, como lo hace actualmente el sistema tutelar; y que, más allá de que los nombres hayan cambiado bajo formulas “políticamente correctas”, el fondo del proyecto es reforzar la respuesta penal y debilitar las políticas públicas de protección de derechos, que seguirán siendo implementadas desde la Justicia Penal. Todo lo que el Ejecutivo critica para la prensa lo refuerza en el proyecto.

La asesora de Garavano indica, hacia el final de su nota, que el sistema que propone el Ejecutivo “hace absoluto foco en la vulnerabilidad social de este grupo etáreo” y luego llama a no politizar y obstaculizar el proyecto ya que resta a la democracia. Es de destacar que el principal causante de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes es el propio Estado, con el 48 por ciento de chicos por debajo de la línea de pobreza, según datos del Indec, no podemos sino hablar de una política a gran escala que está dejando a esta población en situación de absoluta desprotección. Frente a esto, lejos de dotarse de políticas de emergencia alimentaria, sanitarias, educativa o social, se desfinancian programas y políticas dirigidas a la niñez en general. Al mismo tiempo que se exacerba el discurso punitivo e incrementa el presupuesto en seguridad poniendo en peligro la vida de niños, niñas y adolescentes de los sectores populares.

No existe consenso sobre el proyecto que el Ejecutivo presentó en el Parlamento para la modificación del régimen penal juvenil, los argumentos fueron esgrimidos en varias oportunidades frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde los debates realizados en el verano de 2017, sumados cientos de pronunciamiento, análisis e investigaciones que se le han acercado al Gobierno en estos dos años.

Queremos un régimen penal juvenil democrático, progresivo en materia de derechos, sin confusiones profesas sobre lo que debe ser garantizado por los organismos administrativos del Estado en materia de promoción y protección de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país.

* También firman: Espacio No a la Baja, Red Argentina No Baja, Red Sur, Asociación Civil El Arca, Atrapamuros, AulaVereda, C.Re.Ar-Vamos, Casanova en Movimiento, Cedim, Centro de escucha y Resiliencia Popular (CERP), Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Colectivo Juguete Rabioso, Colectivo Memoria Militante, CTA Autónoma, Defensa de los Niños y Niñas Internacional (DNI), Foro por la Niñez, Fundación Che Pibe, Fundación Emmanuel, GNRC Argentina, Red Global Regiones a Favor de la Niñez, La Miguelito Pepe, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Misur, Red de Centros Comunitarios de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en el Conurbano Bonaerense, Niñez y Territorio.
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